Por: Sergio Schneider, columna del Domingo, 27 de Noviembre de 2011 - Publicado en la Edición Impresa del Diario NORTE.
La Legislatura del Chaco, a esta altura, deja la duda de si con ella corresponde indignarse o ya sólo cabe relajarse y reírse a carcajadas. El episodio del miércoles, cuando peronistas y radicales se pusieron de acuerdo para rapiñar la estructura de cargos de la Defensoría del Pueblo a fin de acomodar allí a parientes y amigos, lo confirma. Nuestros legisladores, con asombrosa frecuencia, atraviesan la barrera de lo patético y se estacionan aparatosamente en el terreno de lo desopilante.
Quien no lo crea así, debiera leer lo que dijo en plena sesión el radical Carim Peche cuando respondió a las críticas de los únicos tres diputados (Fabricio Bolatti, Carlos Martínez, Raúl Acosta) que no votaron la iniciativa que reduce al nuevo organismo a enésima bolsa de trabajo para familiares, asesores y punteros de dirigentes del bipartidismo:
“Pareciera que es un pecado que los que hacemos política tengamos un familiar. ¿No tienen derecho a trabajar? (...) ¿Cuál es el problema de que se nombre a 28 personas? ¡Se nombraron 30 mil (pases a planta) en esta Legislatura para el Poder Ejecutivo y se cuestionan 28 personas! (...) Nos podemos equivocar, somos seres humanos, el único perfecto es Dios. Lo que no voy a permitir es que se me diga que estafamos a la gente o hacemos acuerdos espurios. No necesito que esté trabajando ningún familiar, y si lo pongo me voy a bancar y voy a decir: ‘Necesita trabajar como cualquier ser humano’. Eso no es un pecado”.
Si ya dejó de reírse, está listo para otra manifestación de sutil humor, la del presidente de la bancada justicialista, Ricardo Sánchez, quien al día siguiente, por Radio Libertad, sumó el siguiente alegato:
“Quisiera que ustedes vean el currículum de esos parientes y ver si pueden aportar o no a la defensoría. Hay licenciados en criminalística, abogados, y para los cargos de ordenanza y cargos menores, por supuesto gente que apenas tiene el secundario”.
Y cuando se le apuntó que profesionales y egresados del nivel medio tanto o más capacitados se podrían hallar fuera de los árboles genealógicos de los legisladores, llegó lo mejor: “Está claro que siempre las universidades van a producir más profesionales que los que podemos designar en la defensoría (...) Tampoco (un concurso) iba a garantizar que alguien no dijera que era un concurso arreglado, porque el que no entra dice ‘esto está arreglado y necesitás la mano política para entrar’. Entonces, siempre la discusión pasa por cargarles a los políticos el fardo”.
Es decir, para evitar que los molestos ciudadanos adictos a las maledicencias afirmaran que los exámenes de ingreso eran manipulados por los diputados para acomodar a hijos, sobrinos y amigos, los legisladores de los dos grandes partidos tuvieron una idea genial: darles la razón sin necesidad de tener que esperar examen alguno.
Además, nadie puede hacerse demasiado el sorprendido. Los diputados ya habían dado un anticipo con las designaciones mismas del defensor del pueblo titular y de su adjunto, reduciendo la cuestión a un reparto partidario que dio lugar a los nombramientos de Gustavo Corregido (el nombre impulsado por el PJ) y de Daniel Illia (el promovido de la UCR). El primero al menos tuvo la honestidad de adelantar que renunciará al cargo si queda firme la ley sancionada el miércoles. El segundo por poco no pide la canonización de los parlamentarios.
Nada nuevo
Con todo, no se puede decir que los diputados que votaron la avivada hayan impuesto un vicio institucional nuevo. El nepotismo es una vieja endemia argentina, que la dirigencia chaqueña cultivó siempre efusivamente. No sólo la Legislatura es un inmenso homenaje a los lazos familiares y partidarios como elementos determinantes del ingreso en el empleo público. También ocurre lo mismo en el Poder Ejecutivo, donde del gobernador para abajo sobran los cultores de esa práctica. Todo potenciado por los nombramientos masivos -y silenciosos- de personal para cumplir compromisos con punteros y militantes. Mucho de eso hubo para que el Estado provincial pasara de tener 23.000 agentes en 1983 a una cifra actual incierta que ronda los 62.000 (entre permanentes y transitorios), sin contabilizar a una legión de trabajadores enrolados tras la pantalla de cooperativas, becas y planes sociales varios.
En el Poder Judicial al menos se viene aplicando un sistema de ingresos de personal mediante exámenes (que no impide la existencia de fulminantes atajos por vínculos sanguíneos), pero con los cargos clave no se juega. Éstos se ocupan con criterios en los que la idoneidad es casi siempre lo menos relevante. Para eso, el mecanismo de concursos establecido por la Constitución Provincial para dirimir vacantes en la magistratura local fue reglamentado de tal modo que en realidad los exámenes se tornan un simulacro de evaluación objetiva. Y ni que hablar sobre cómo se cubrieron los espacios en el Superior Tribunal de Justicia.
Como derivación de todo este panorama y como para no quedarse atrás, muchos gremios estatales ya han logrado normas que establecen que las vacantes que se producen en sus sectores deben ser cubiertas prioritariamente con los hijos de los empleados actuales.
A este paso, quien aspire a vivir de un sueldo pagado por el Estado no tendrá que presentar su currículum. Bastará con su mapa genético.
Los otros
En paralelo al escándalo de la Cámara, el otro tema de la semana fue el de las usurpaciones de terrenos en Fontana y en algunos puntos de Resistencia. Cientos de familias se instalaron en predios públicos y privados para tratar de levantar en ellos sus techos propios.
De nuevo, como en ocasiones similares anteriores, se habló de “operaciones políticas” para alentar esas movidas. En verdad, si las hay, no son determinantes. Lo que moviliza a esas personas es una necesidad real. En general, son jóvenes de entre 20 y 30 años que ya formaron una familia y no pudieron emanciparse de sus padres porque sus ingresos apenas les permiten subsistir. Entonces, se hacinan con sus parejas y sus hijos en diminutas habitaciones.
Jamás podrán acceder a un inmueble propio por vía de una financiación bancaria, no poseen recibos de sueldo como para aspirar a una casa Fonavi y tienen además la mala suerte de que sus progenitores no son funcionarios, legisladores, jueces ni empleados estables del Estado. Y si con esfuerzo terminaran la secundaria o la universidad, jamás podrían ser tan brillantes como los familiares del poder.
La pobreza chaqueña no es un invento ni se la puede derogar a fuerza de manipular las estadísticas. Los asentamientos que rodean al Gran Resistencia eran unos 70 en 2005 y en ellos vivían por entonces 25.000 personas. ¿Se redujeron con las “tasas chinas” del crecimiento económico? No, en 2009 los asentamientos ya eran 228 y albergaban a 150.000 habitantes de todas las edades, algo así como el 37% de la población total del área metropolitana. Gente en la miseria, viviendo en ranchos extremadamente precarios, con ingresos africanos. El océano de planes sociales los ayuda, pero no les cambia la vida.
En un informe elaborado por este diario en 2009, Martha Alvarez, del Programa Provincial Territorio Urbano, derribaba el mito según el cual todo ese mundo se nutre demográficamente de las familias que llegan desde el interior buscando mejores oportunidades. “El éxodo rural es real, pero es casi tan equivalente al fenómeno de los jóvenes de Resistencia que forman su propia familia y ya no pueden vivir con sus padres, pero tampoco tienen un trabajo que les permita conseguir de otro modo un lugar donde vivir. En La Rubita, por ejemplo, entraron jóvenes que vivían con sus padres en barrios próximos, como el Mariano Moreno, el Rawson o Villa Luzuriaga, y en Campo Zampa gente que estaba en el barrio España”, comentaba.
En las usurpaciones, es verdad, se cuelan también avivados y sujetos que se sienten cómodos con la idea de no tener que trabajar para vivir, pero creer que son la mayoría es un engaño que algunos replican porque les resulta tranquilizador.
La inquietante realidad, sin embargo, es que son el producto de un país que arrastra décadas de desigualdad y de ausencia de justicia; fenómenos previsibles de una provincia en la que quienes debieran buscar soluciones a esos dramas profundos están demasiado ocupados en gastar fortunas ajenas en campañas interminables, en dibujar promesas espectaculares y en emplear a la parentela. Otra forma de usurpar, mucho más dañina que la clásica, para la cual no hay infantería policial ni fiscal de turno que valga.
Quien no lo crea así, debiera leer lo que dijo en plena sesión el radical Carim Peche cuando respondió a las críticas de los únicos tres diputados (Fabricio Bolatti, Carlos Martínez, Raúl Acosta) que no votaron la iniciativa que reduce al nuevo organismo a enésima bolsa de trabajo para familiares, asesores y punteros de dirigentes del bipartidismo:
“Pareciera que es un pecado que los que hacemos política tengamos un familiar. ¿No tienen derecho a trabajar? (...) ¿Cuál es el problema de que se nombre a 28 personas? ¡Se nombraron 30 mil (pases a planta) en esta Legislatura para el Poder Ejecutivo y se cuestionan 28 personas! (...) Nos podemos equivocar, somos seres humanos, el único perfecto es Dios. Lo que no voy a permitir es que se me diga que estafamos a la gente o hacemos acuerdos espurios. No necesito que esté trabajando ningún familiar, y si lo pongo me voy a bancar y voy a decir: ‘Necesita trabajar como cualquier ser humano’. Eso no es un pecado”.
Si ya dejó de reírse, está listo para otra manifestación de sutil humor, la del presidente de la bancada justicialista, Ricardo Sánchez, quien al día siguiente, por Radio Libertad, sumó el siguiente alegato:
“Quisiera que ustedes vean el currículum de esos parientes y ver si pueden aportar o no a la defensoría. Hay licenciados en criminalística, abogados, y para los cargos de ordenanza y cargos menores, por supuesto gente que apenas tiene el secundario”.
Y cuando se le apuntó que profesionales y egresados del nivel medio tanto o más capacitados se podrían hallar fuera de los árboles genealógicos de los legisladores, llegó lo mejor: “Está claro que siempre las universidades van a producir más profesionales que los que podemos designar en la defensoría (...) Tampoco (un concurso) iba a garantizar que alguien no dijera que era un concurso arreglado, porque el que no entra dice ‘esto está arreglado y necesitás la mano política para entrar’. Entonces, siempre la discusión pasa por cargarles a los políticos el fardo”.
Es decir, para evitar que los molestos ciudadanos adictos a las maledicencias afirmaran que los exámenes de ingreso eran manipulados por los diputados para acomodar a hijos, sobrinos y amigos, los legisladores de los dos grandes partidos tuvieron una idea genial: darles la razón sin necesidad de tener que esperar examen alguno.
Además, nadie puede hacerse demasiado el sorprendido. Los diputados ya habían dado un anticipo con las designaciones mismas del defensor del pueblo titular y de su adjunto, reduciendo la cuestión a un reparto partidario que dio lugar a los nombramientos de Gustavo Corregido (el nombre impulsado por el PJ) y de Daniel Illia (el promovido de la UCR). El primero al menos tuvo la honestidad de adelantar que renunciará al cargo si queda firme la ley sancionada el miércoles. El segundo por poco no pide la canonización de los parlamentarios.
Nada nuevo
Con todo, no se puede decir que los diputados que votaron la avivada hayan impuesto un vicio institucional nuevo. El nepotismo es una vieja endemia argentina, que la dirigencia chaqueña cultivó siempre efusivamente. No sólo la Legislatura es un inmenso homenaje a los lazos familiares y partidarios como elementos determinantes del ingreso en el empleo público. También ocurre lo mismo en el Poder Ejecutivo, donde del gobernador para abajo sobran los cultores de esa práctica. Todo potenciado por los nombramientos masivos -y silenciosos- de personal para cumplir compromisos con punteros y militantes. Mucho de eso hubo para que el Estado provincial pasara de tener 23.000 agentes en 1983 a una cifra actual incierta que ronda los 62.000 (entre permanentes y transitorios), sin contabilizar a una legión de trabajadores enrolados tras la pantalla de cooperativas, becas y planes sociales varios.
En el Poder Judicial al menos se viene aplicando un sistema de ingresos de personal mediante exámenes (que no impide la existencia de fulminantes atajos por vínculos sanguíneos), pero con los cargos clave no se juega. Éstos se ocupan con criterios en los que la idoneidad es casi siempre lo menos relevante. Para eso, el mecanismo de concursos establecido por la Constitución Provincial para dirimir vacantes en la magistratura local fue reglamentado de tal modo que en realidad los exámenes se tornan un simulacro de evaluación objetiva. Y ni que hablar sobre cómo se cubrieron los espacios en el Superior Tribunal de Justicia.
Como derivación de todo este panorama y como para no quedarse atrás, muchos gremios estatales ya han logrado normas que establecen que las vacantes que se producen en sus sectores deben ser cubiertas prioritariamente con los hijos de los empleados actuales.
A este paso, quien aspire a vivir de un sueldo pagado por el Estado no tendrá que presentar su currículum. Bastará con su mapa genético.
Los otros
En paralelo al escándalo de la Cámara, el otro tema de la semana fue el de las usurpaciones de terrenos en Fontana y en algunos puntos de Resistencia. Cientos de familias se instalaron en predios públicos y privados para tratar de levantar en ellos sus techos propios.
De nuevo, como en ocasiones similares anteriores, se habló de “operaciones políticas” para alentar esas movidas. En verdad, si las hay, no son determinantes. Lo que moviliza a esas personas es una necesidad real. En general, son jóvenes de entre 20 y 30 años que ya formaron una familia y no pudieron emanciparse de sus padres porque sus ingresos apenas les permiten subsistir. Entonces, se hacinan con sus parejas y sus hijos en diminutas habitaciones.
Jamás podrán acceder a un inmueble propio por vía de una financiación bancaria, no poseen recibos de sueldo como para aspirar a una casa Fonavi y tienen además la mala suerte de que sus progenitores no son funcionarios, legisladores, jueces ni empleados estables del Estado. Y si con esfuerzo terminaran la secundaria o la universidad, jamás podrían ser tan brillantes como los familiares del poder.
La pobreza chaqueña no es un invento ni se la puede derogar a fuerza de manipular las estadísticas. Los asentamientos que rodean al Gran Resistencia eran unos 70 en 2005 y en ellos vivían por entonces 25.000 personas. ¿Se redujeron con las “tasas chinas” del crecimiento económico? No, en 2009 los asentamientos ya eran 228 y albergaban a 150.000 habitantes de todas las edades, algo así como el 37% de la población total del área metropolitana. Gente en la miseria, viviendo en ranchos extremadamente precarios, con ingresos africanos. El océano de planes sociales los ayuda, pero no les cambia la vida.
En un informe elaborado por este diario en 2009, Martha Alvarez, del Programa Provincial Territorio Urbano, derribaba el mito según el cual todo ese mundo se nutre demográficamente de las familias que llegan desde el interior buscando mejores oportunidades. “El éxodo rural es real, pero es casi tan equivalente al fenómeno de los jóvenes de Resistencia que forman su propia familia y ya no pueden vivir con sus padres, pero tampoco tienen un trabajo que les permita conseguir de otro modo un lugar donde vivir. En La Rubita, por ejemplo, entraron jóvenes que vivían con sus padres en barrios próximos, como el Mariano Moreno, el Rawson o Villa Luzuriaga, y en Campo Zampa gente que estaba en el barrio España”, comentaba.
En las usurpaciones, es verdad, se cuelan también avivados y sujetos que se sienten cómodos con la idea de no tener que trabajar para vivir, pero creer que son la mayoría es un engaño que algunos replican porque les resulta tranquilizador.
La inquietante realidad, sin embargo, es que son el producto de un país que arrastra décadas de desigualdad y de ausencia de justicia; fenómenos previsibles de una provincia en la que quienes debieran buscar soluciones a esos dramas profundos están demasiado ocupados en gastar fortunas ajenas en campañas interminables, en dibujar promesas espectaculares y en emplear a la parentela. Otra forma de usurpar, mucho más dañina que la clásica, para la cual no hay infantería policial ni fiscal de turno que valga.
| Comentarios |
|
.png)
.png)
