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RESISTENCIA- A fin de analizar los proyectos presentados sobre las tierras fiscales rurales, estudiar la situación de los que hoy son los actuales ocupantes de estas tierras y reclamar una respuesta inmediata por parte del Estado que los reconozca como poseedores de la tierra que habitan y trabajan, los integrantes de la Comisión de Tierras de la Legislatura convocaron a una Jornada institucional de debate sobre tierras fiscales rurales, a través de la Resolución Nº 1728/10, impulsada por los integrantes de la Comisión presidida Clelia Ávila e integrada por sus pares Fabricio Bolatti, Jorge Varisco, Inocencia Charole y Avelino Milar.
Encabezaron este encuentro los diputados Clelia Ávila, Fabricio Bolatti, Jorge Varisco, Avelino Milar, Miguel Melar y Alicia Mastandrea, al que se sumaron Carlos Martínez, Livio Gutiérrez, Beatriz Vásquez, Ricardo Sánchez, el diputado nacional Pablo Orsolini, el Secretario de Gobierno Juan Chaquires, el titular del Instituto de Colonización Esteban Branco Capitanich, el fiscal del Tribunal de Cuentas John Paris y el titular del IDACH Orlando Charole, el Presidente de la Sociedad Rural del Chaco Ernesto Spellmayer y titular de Chafor Enrique Santos, entre otros funcionarios.
Participaron de este encuentro la Comisión Zonal de Tierras de Pampa del Indio, Unión Campesina, Asociación Cacique Taigoyic, Consejo Qompi, la Corriente Clasista y Combativa Aborigen, del Foro por la Tierra, Incupo, Iglesia Evangélica Unida, el Partido Comunista
Revolucionario y la Organización de Banquineros de General San Martín, representantes de Mujeres de la Producción, de Federación Agraria, empleados del Instituto de Colonización, de la Sociedad Rural del Chaco, de CHAFOR, integrantes del Foro Multisectorial por la Tierra, de la Red de Pequeños Productores de General San Martín, de la Organización de Pequeños Productores de Juan José Castelli y Pampa del Indio, del Centro de Estudios “Nelson Mandela” y la Comisión Zonal de Tierra de Pampa del Indio y público en general interesado en la temática.
En la jornada se escucharon distintos planteos sobre la iniciativa remitida por el Ejecutivo que establece sustanciales modificaciones en cuanto al régimen de tenencia de la tierra y coincidieron en que hay que rescatar el uso social que debe tener la tierra, el derecho a la propiedad y especialmente, revisar sobre adjudicaciones y la situación actual de la tenencia de grandes extensiones de tierra, entre otras consideraciones que serán plasmadas en un documento que reflejará las distintas opiniones expresadas.
Ávila: “No se puede desconocer el derecho a la propiedad de la tierra”
La titular de la Comisión de Tierras Clelia Ávila explicó que la convocatoria fue hecha con el objetivo de tratar la problemática de tierras fiscales rurales que surgió de la inquietud de los legisladores que integran esta comisión legislativa a fin de analizar los proyectos que se encuentran radicados y escuchar a las entidades de productores y aquellos que tengan un interés legítimo en estos proyectos, como el enviado por el Poder Ejecutivo”.
La diputada señaló que “no podemos desconocer la importancia que tiene el derecho de la propiedad a la tierra y vemos con preocupación que la iniciativa del Ejecutivo pretende modificar el régimen de la tierra, impidiendo que los que quieran trabajar la tierra y ser propietarios de una parcela no puedan acceder a esta alternativa, proponiendo el arrendamiento, la concesión o el comodato que permitirán temporalmente el uso de la tierra, que contraría el elemental derecho de acceder a la propiedad privada, establecido en la Constitución Provincial”.
“El problema de la tierra es complejo – consideró – los pequeños y medianos productores son los que necesitan más acompañamiento del Estado y para ello invitamos a funcionarios del Ejecutivo para tener la posibilidad de un intercambio de opiniones con los productores y llegar a conclusiones validas y que nos lleven a legislar sobre este trema con mayor tranquilidad”.
“El objetivo – remarcó – en encontrar una respuesta a la preocupación de los productores y analizar las alternativas que plantean los distintos proyectos presentados por el ejecutivo y los legisladores”.
Bolatti: “Revisar adjudicaciones irregulares y recuperar la tierra pública”
El diputado Fabricio Bolatti indicó “esta jornada servirá para abordar un tema importante que refleja un problema actual que es el reclamo de los pequeños productores sin tierra y que demandan un lugar y el título de propiedad y creemos que los problemas son consecuencia de un tema que viene de muchos años atrás y por ello debemos revisar las políticas que fueron aplicadas para corregir errores y para entender porque estamos en esta situación, a fin de que podamos aplicar lo establecido en la Constitución Provincial, revisando las adjudicaciones irregulares de tierras y quienes son los adjudicatarios de la tierra”.
Bolatti hizo referencia a una iniciativa de su autoría y al respecto sostuvo “hay que tener en cuenta este y otros temas y por ello es que propongo la creación de una comisión investigadora que estudie la recuperación de la tierra pública, la falta de ésta y debemos sumar estos temas y los proyectos que existen para sumarlos al debate”.
Panel de expositores
Dando inicio al panel de exposiciones el representante de Unión Campesina Mártires López expresó sus objeciones al proyecto del ejecutivo porque no se hace mención a los derechos de los pueblos originarios y formuló críticas al Gobierno provincial al no considerarse que las comunidades originarias trabajan las chacras y son recolectores de frutos, añadiendo que esperaron mucho tiempo para recuperar tierras fiscales, pero hoy ven con preocupación que se quiere cambiar una ley de tierras que suma nuevos elementos.
López reclamó el derecho a la propiedad de la tierra “pero se nos ponen trabas y no se cumple el derecho de los campesinos a la propiedad y en cambio se le da posibilidad a terratenientes a la tenencia de las tierras” a la vez que añadió “queremos una respuesta del Ejecutivo para que se resuelva este problema”.
El representante de la Mesa de Tierras de Pampa del Indio Víctor Gómez coincidió en estas afirmaciones y señaló “la tierra es de los pueblos originarios y queremos que se aclare donde están las tierras fiscales que deben recuperarse, hay alrededor de 23 familias – argumentó – que viven en una superficie de 100 hectáreas y no tenemos agua, montes y la riqueza de las comunidades y nuestro territorio no existe”.
Finalmente, pidió respuestas al Instituto de Colonización y que se cumpla con la obligación de entregar tierras aptas para la producción.
Desde Federación Agraria Argentina Alicia Tomaczuk reseñó sobre las funciones del organismo “que tiene como eje fundacional y activo a la tierra y queremos decir que la Ley de Colonización que regia era un ejemplo de Latinoamérica y en este tiempo nos encontramos con una modificación a esta ley que es anticonstitucional porque quita el derecho a la propiedad, debemos discutir el uso pero no la tenencia de la tierra y el derecho a la propiedad”, afirmó.
La dirigente mencionó que “estamos postergados si nos quitan este derecho, nuestros hijos no tendrán tierra y solamente podrán tenerla los amigos del poder”.
“Nuestra organización – sostuvo – trabaja desde hace muchos años y discutimos el desarrollo rural, no para fomentar el clientelismo sino para que los pueblos del interior sigan existiendo”, añadiendo “Se ha reprimido y desalojado a gente y si estamos haciendo una nueva ley no debemos hacer esto, me parece excelente la propuesta de la comisión investigadora y necesitamos la participación democrática para decir las cosas como son, formulando propuestas para regularizar esta situación que evite la extranjerización de la tierra”.
Desde la Unión de Banquineros de General San Martín Darío Romero también formuló idénticas consideraciones.
El titular de la Sociedad Rural del Chaco Ernesto Spellmayer hizo referencia a que con la ley 2913 se respetaba el derecho de los ocupantes y de los que trabajaban la tierra cumpliendo la Constitución para promover el desarrollo la ocupación territorial, las condiciones para la titularización de la tierra y los derechos de los pueblos originarios.
“Con el proyecto del Ejecutivo se eliminan la posibilidad de la titularización y se desincentiva la colonización, no sabemos como termina este trabajo, lo más grave es que la no titularización de la tierra es que los productores estarán supeditados a administraciones de turno del gobierno que manejarán la tierra discrecionalmente”.
Spellmayer afirmó “con este proyecto se privilegia a las clases feudales y capitalistas y al pequeño productor le queda el destino de obrero rural” a la vez que reclamó investigación en el destino dado a las tierras y manifestó su oposición a la no titularización de la tierra “si se junta la tenencia y la producción en manos de burócratas tendremos un destino incierto”, consideró.
La representante de Mujeres de la Producción Juana Vukich argumentó como aspecto básico la inquietud de los productores agropecuarios aborígenes o pequeños y medianos productores sobre el trabajo de la tierra, mencionando que se deberían hacer algunas modificaciones a la ley 2913 “una ley base que sirve a lo que refiere a tenencia de la tierra, la que muchos aspectos no se respeta como lo marca el artículo 42 de la Constitución provincial que refiere sobre el régimen de la tierra, si se respetara este artículo – señaló - los funcionarios, propietarios y legisladores tenemos enmarcado lo que significa la tenencia de la tierra y cada gestión que asume pretende destruir lo bien hecho de gestiones anteriores y crear nuevos organismos y políticas que contienen pautas básicas de leyes anteriores”.
Vukich además consideró que el Instituto de Colonización debe ser reestructurado y debe seguir funcionando sin entrar en las competencias que corresponden al Ministerio de la Producción, para no mezclar funcionalidades, haciendo una crítica al organismo “no podemos decir que el instituto esté trabajando en forma transparente, hay personal que debe ser considerado y los desalojos que se produjeron rayan con aspectos políticos, por eso hay familias que fueron desalojadas”.
La dirigente señaló “debe respetarse la Constitución y la ley marco para asegurar el derecho de la propiedad y esta modificación propuesta por el Ejecutivo abre una clara violación a la propiedad privada, es inconsistente – evaluó - y debemos trabajar para reestructurar la ley 2913, dándole un marco de estudio para que la distribución de la tierra sea respetando los derechos de los productores de la provincia”.
El debate
Durante el debate propuesto en el que se escucharon múltiples voces sobre este tema, el diputado nacional Pablo Orsolini remarcó la necesidad de conocer la situación real y propuso que desde la Legislatura junto a otros organismos se investigue para conocer que se hizo con la tierra en los últimos años, argumentando su desacuerdo con la propuesta elaborada por el Ejecutivo y rescató la actual ley 2913 “no podemos mezclar las cosas” indicó y añadió “el manejo de la tierra debe ir separado de la agricultura familiar” fundamentando la necesidad de preservar el Instituto de Colonización y la creación de un organismo que fomente la producción familiar.
Orsolini advirtió sobre la peligrosidad de la extranjerización de la tierra y manifestó su acompañamiento al debate para desarrollar la producción y la vida digna de los productores, resaltando la necesidad de llevar esta discusión a distintos puntos de la provincia.
Expresiones coincidentes fueron formuladas por el diputado Miguel Melar, y se sumaron a continuación su par Carlos Martínez, quien manifestó su acompañamiento a este tema indicando que el tema de la tierra no debe ser tratado separadamente de los temas de producción y medio ambiente, a la vez que pidió el cumplimiento de lo que norma la Constitución provincial.
Branco Capitanich: “La tierra no debe ser considerada
una mercancía de los que más tienen”
El representante del gobierno que actuó como vocero fue Branco Capitanich, que expuso la justificación del Ejecutivo Provincial que promueve esta modificación, al respecto aclaró que “ya se hicieron cerca de 30 debates, en varias localidades y en las colonias, que no son para oponerse o apoyar este proyecto, son para informarse de que se trata, para poder debatir y hacer sus aportes al proyecto original, que es autoría del gobernador que nos dio expresa instrucciones que se debata en toda la provincia, no es cierto que se pretendía aprobar de apuro en esta Cámara, sino que se lo envió para ser mejorado y enriquecido por sus auténticos destinatarios, que son los pequeños productores y los pueblos originarios que deben ser escuchados en sus lugares de origen”.
“Se habló –dijo- del derecho a la propiedad como el más supremo de los derechos, se observan algunas contradicciones que hablan del derecho a la propiedad por encima de la función social de la tierra, y aquí de lo que se trata es de las casi 500 mil -que son menos- hectáreas de remanente que quedan, se trata nada más ni nada menos de que les queda a las futuras generaciones, que va a pasar si en los próximos 4 o 5 años se vende toda la tierra pública, que va a pasar con esa gente que sin excepción acude al instituto de Colonización por un pedazo de tierra” consideró a modo de interrogante.
Capitanich también sostuvo que “lo que se hizo con la tierra pública 10 años atrás fue ‘vergonzante’, se enajenaba con intereses espurios, con la posibilidad cierta de entregarlas a manos de terceros como ha ocurrido”.
“Cual es el derecho de propiedad de los que vienen después que se entreguen las mucho menos de 500 mil hectáreas si el gobierno decide seguir vendiendo la tierra y que pasará con los pequeños productores que acuden al instituto para tener un pedazo de tierra, lo bueno hubiera sido que la Cámara convocara a jornadas para discutir sobre este tema 10 años atrás cuando teníamos más de 2 millones de hectáreas que podíamos preservar y entregarla a pequeños productores y que no pasara a manos de tierras como ocurrió, pero bienvenido que sea hoy”, consideró.
En ese sentido explicó que cambiar la venta por concesión es sacar la tierra del mercado inmobiliario, hoy la tierra es considerada una mercancía, también respondió que si el Estado se desprende de toda la tierra pública los productores no tendrán posibilidad de tener un pedazo de tierra y su valor trepará a niveles que harán imposible el acceso de los productores a la misma.
Branco Capitanich siguió respondiendo punto por punto a las objeciones formuladas por los expositores y consideró que lo importante que los productores tengan un pedazo de tierra para producir y vivir dignamente y además hizo hincapié en que los pueblos originarios se encuentran contemplados y sus derechos resguardados como lo establecen las normativas constitucionales, mencionando los puntos más salientes y afirmó que “este proyecto garantiza la tenencia de la tierra a estos pueblos”.
El funcionario respondió a las expresiones que hacían referencia a la cantidad de tierra vendida tiempo atrás que significaron además la reventa de un millón de hectáreas, que con los montos obtenidos se podrían haber construido 22 mil viviendas rurales, o comprar 5500 tractores.
Más allá de estas cuestiones enunciadas el titular de Colonización mencionó lo que sucede en otras provincias que no tienen en la actualidad tierra pública y que se traduce en la expulsión del campo de criollos que viven en Salta que vienen a la provincia por la enajenación de la tierra en grandes extensiones.
“La tierra no debe ser considerada solamente como una mercancía al alcance de los que más dinero tienen, este – remarcó – es el sentido dado al proyecto de ley que propone el Ejecutivo y que podrá ser mejorado, pero el Estado debe hacer realidad que la provincia promoverá la subdivisión en unidades económicas que garanticen la real producción”, agregando “casualmente la actual ley o habla de latifundios y hoy los numerosos intereses salen a la luz cuando hablamos de este tema que hoy ve que existen 158 propietarios que tienen mas de 4 mil hectáreas cada uno y entre ellos 1.350.000 hectáreas que es más del 20 por ciento de la superficie productiva rural del Chaco, mientras que 12.983 productores son propietarios de 1.820.000 hectáreas y 5600 tienen menos de 50 hectáreas cada uno, esta fue la manera en que se concentró la tierra en la provincia”.
Finalmente justificó la remisión de la iniciativa del Ejecutivo señalando “en nombre de lo que norma la Constitución es que se propone el control del Estado plasmado en el proyecto de ley que no agrede el derecho a la propiedad de los productores, pensemos más allá y veamos a las futuras generaciones de productores y trabajemos en la recuperación de tierras enajenadas ocupadas por usurpadores y recurramos a la justicia para que resuelva este y otros tantos temas”.
Participaron de este encuentro la Comisión Zonal de Tierras de Pampa del Indio, Unión Campesina, Asociación Cacique Taigoyic, Consejo Qompi, la Corriente Clasista y Combativa Aborigen, del Foro por la Tierra, Incupo, Iglesia Evangélica Unida, el Partido Comunista
Revolucionario y la Organización de Banquineros de General San Martín, representantes de Mujeres de la Producción, de Federación Agraria, empleados del Instituto de Colonización, de la Sociedad Rural del Chaco, de CHAFOR, integrantes del Foro Multisectorial por la Tierra, de la Red de Pequeños Productores de General San Martín, de la Organización de Pequeños Productores de Juan José Castelli y Pampa del Indio, del Centro de Estudios “Nelson Mandela” y la Comisión Zonal de Tierra de Pampa del Indio y público en general interesado en la temática.
En la jornada se escucharon distintos planteos sobre la iniciativa remitida por el Ejecutivo que establece sustanciales modificaciones en cuanto al régimen de tenencia de la tierra y coincidieron en que hay que rescatar el uso social que debe tener la tierra, el derecho a la propiedad y especialmente, revisar sobre adjudicaciones y la situación actual de la tenencia de grandes extensiones de tierra, entre otras consideraciones que serán plasmadas en un documento que reflejará las distintas opiniones expresadas.
Ávila: “No se puede desconocer el derecho a la propiedad de la tierra”
La titular de la Comisión de Tierras Clelia Ávila explicó que la convocatoria fue hecha con el objetivo de tratar la problemática de tierras fiscales rurales que surgió de la inquietud de los legisladores que integran esta comisión legislativa a fin de analizar los proyectos que se encuentran radicados y escuchar a las entidades de productores y aquellos que tengan un interés legítimo en estos proyectos, como el enviado por el Poder Ejecutivo”.
La diputada señaló que “no podemos desconocer la importancia que tiene el derecho de la propiedad a la tierra y vemos con preocupación que la iniciativa del Ejecutivo pretende modificar el régimen de la tierra, impidiendo que los que quieran trabajar la tierra y ser propietarios de una parcela no puedan acceder a esta alternativa, proponiendo el arrendamiento, la concesión o el comodato que permitirán temporalmente el uso de la tierra, que contraría el elemental derecho de acceder a la propiedad privada, establecido en la Constitución Provincial”.
“El problema de la tierra es complejo – consideró – los pequeños y medianos productores son los que necesitan más acompañamiento del Estado y para ello invitamos a funcionarios del Ejecutivo para tener la posibilidad de un intercambio de opiniones con los productores y llegar a conclusiones validas y que nos lleven a legislar sobre este trema con mayor tranquilidad”.
“El objetivo – remarcó – en encontrar una respuesta a la preocupación de los productores y analizar las alternativas que plantean los distintos proyectos presentados por el ejecutivo y los legisladores”.
Bolatti: “Revisar adjudicaciones irregulares y recuperar la tierra pública”
El diputado Fabricio Bolatti indicó “esta jornada servirá para abordar un tema importante que refleja un problema actual que es el reclamo de los pequeños productores sin tierra y que demandan un lugar y el título de propiedad y creemos que los problemas son consecuencia de un tema que viene de muchos años atrás y por ello debemos revisar las políticas que fueron aplicadas para corregir errores y para entender porque estamos en esta situación, a fin de que podamos aplicar lo establecido en la Constitución Provincial, revisando las adjudicaciones irregulares de tierras y quienes son los adjudicatarios de la tierra”.
Bolatti hizo referencia a una iniciativa de su autoría y al respecto sostuvo “hay que tener en cuenta este y otros temas y por ello es que propongo la creación de una comisión investigadora que estudie la recuperación de la tierra pública, la falta de ésta y debemos sumar estos temas y los proyectos que existen para sumarlos al debate”.
Panel de expositores
Dando inicio al panel de exposiciones el representante de Unión Campesina Mártires López expresó sus objeciones al proyecto del ejecutivo porque no se hace mención a los derechos de los pueblos originarios y formuló críticas al Gobierno provincial al no considerarse que las comunidades originarias trabajan las chacras y son recolectores de frutos, añadiendo que esperaron mucho tiempo para recuperar tierras fiscales, pero hoy ven con preocupación que se quiere cambiar una ley de tierras que suma nuevos elementos.
López reclamó el derecho a la propiedad de la tierra “pero se nos ponen trabas y no se cumple el derecho de los campesinos a la propiedad y en cambio se le da posibilidad a terratenientes a la tenencia de las tierras” a la vez que añadió “queremos una respuesta del Ejecutivo para que se resuelva este problema”.
El representante de la Mesa de Tierras de Pampa del Indio Víctor Gómez coincidió en estas afirmaciones y señaló “la tierra es de los pueblos originarios y queremos que se aclare donde están las tierras fiscales que deben recuperarse, hay alrededor de 23 familias – argumentó – que viven en una superficie de 100 hectáreas y no tenemos agua, montes y la riqueza de las comunidades y nuestro territorio no existe”.
Finalmente, pidió respuestas al Instituto de Colonización y que se cumpla con la obligación de entregar tierras aptas para la producción.
Desde Federación Agraria Argentina Alicia Tomaczuk reseñó sobre las funciones del organismo “que tiene como eje fundacional y activo a la tierra y queremos decir que la Ley de Colonización que regia era un ejemplo de Latinoamérica y en este tiempo nos encontramos con una modificación a esta ley que es anticonstitucional porque quita el derecho a la propiedad, debemos discutir el uso pero no la tenencia de la tierra y el derecho a la propiedad”, afirmó.
La dirigente mencionó que “estamos postergados si nos quitan este derecho, nuestros hijos no tendrán tierra y solamente podrán tenerla los amigos del poder”.
“Nuestra organización – sostuvo – trabaja desde hace muchos años y discutimos el desarrollo rural, no para fomentar el clientelismo sino para que los pueblos del interior sigan existiendo”, añadiendo “Se ha reprimido y desalojado a gente y si estamos haciendo una nueva ley no debemos hacer esto, me parece excelente la propuesta de la comisión investigadora y necesitamos la participación democrática para decir las cosas como son, formulando propuestas para regularizar esta situación que evite la extranjerización de la tierra”.
Desde la Unión de Banquineros de General San Martín Darío Romero también formuló idénticas consideraciones.
El titular de la Sociedad Rural del Chaco Ernesto Spellmayer hizo referencia a que con la ley 2913 se respetaba el derecho de los ocupantes y de los que trabajaban la tierra cumpliendo la Constitución para promover el desarrollo la ocupación territorial, las condiciones para la titularización de la tierra y los derechos de los pueblos originarios.
“Con el proyecto del Ejecutivo se eliminan la posibilidad de la titularización y se desincentiva la colonización, no sabemos como termina este trabajo, lo más grave es que la no titularización de la tierra es que los productores estarán supeditados a administraciones de turno del gobierno que manejarán la tierra discrecionalmente”.
Spellmayer afirmó “con este proyecto se privilegia a las clases feudales y capitalistas y al pequeño productor le queda el destino de obrero rural” a la vez que reclamó investigación en el destino dado a las tierras y manifestó su oposición a la no titularización de la tierra “si se junta la tenencia y la producción en manos de burócratas tendremos un destino incierto”, consideró.
La representante de Mujeres de la Producción Juana Vukich argumentó como aspecto básico la inquietud de los productores agropecuarios aborígenes o pequeños y medianos productores sobre el trabajo de la tierra, mencionando que se deberían hacer algunas modificaciones a la ley 2913 “una ley base que sirve a lo que refiere a tenencia de la tierra, la que muchos aspectos no se respeta como lo marca el artículo 42 de la Constitución provincial que refiere sobre el régimen de la tierra, si se respetara este artículo – señaló - los funcionarios, propietarios y legisladores tenemos enmarcado lo que significa la tenencia de la tierra y cada gestión que asume pretende destruir lo bien hecho de gestiones anteriores y crear nuevos organismos y políticas que contienen pautas básicas de leyes anteriores”.
Vukich además consideró que el Instituto de Colonización debe ser reestructurado y debe seguir funcionando sin entrar en las competencias que corresponden al Ministerio de la Producción, para no mezclar funcionalidades, haciendo una crítica al organismo “no podemos decir que el instituto esté trabajando en forma transparente, hay personal que debe ser considerado y los desalojos que se produjeron rayan con aspectos políticos, por eso hay familias que fueron desalojadas”.
La dirigente señaló “debe respetarse la Constitución y la ley marco para asegurar el derecho de la propiedad y esta modificación propuesta por el Ejecutivo abre una clara violación a la propiedad privada, es inconsistente – evaluó - y debemos trabajar para reestructurar la ley 2913, dándole un marco de estudio para que la distribución de la tierra sea respetando los derechos de los productores de la provincia”.
El debate
Durante el debate propuesto en el que se escucharon múltiples voces sobre este tema, el diputado nacional Pablo Orsolini remarcó la necesidad de conocer la situación real y propuso que desde la Legislatura junto a otros organismos se investigue para conocer que se hizo con la tierra en los últimos años, argumentando su desacuerdo con la propuesta elaborada por el Ejecutivo y rescató la actual ley 2913 “no podemos mezclar las cosas” indicó y añadió “el manejo de la tierra debe ir separado de la agricultura familiar” fundamentando la necesidad de preservar el Instituto de Colonización y la creación de un organismo que fomente la producción familiar.
Orsolini advirtió sobre la peligrosidad de la extranjerización de la tierra y manifestó su acompañamiento al debate para desarrollar la producción y la vida digna de los productores, resaltando la necesidad de llevar esta discusión a distintos puntos de la provincia.
Expresiones coincidentes fueron formuladas por el diputado Miguel Melar, y se sumaron a continuación su par Carlos Martínez, quien manifestó su acompañamiento a este tema indicando que el tema de la tierra no debe ser tratado separadamente de los temas de producción y medio ambiente, a la vez que pidió el cumplimiento de lo que norma la Constitución provincial.
Branco Capitanich: “La tierra no debe ser considerada
una mercancía de los que más tienen”
El representante del gobierno que actuó como vocero fue Branco Capitanich, que expuso la justificación del Ejecutivo Provincial que promueve esta modificación, al respecto aclaró que “ya se hicieron cerca de 30 debates, en varias localidades y en las colonias, que no son para oponerse o apoyar este proyecto, son para informarse de que se trata, para poder debatir y hacer sus aportes al proyecto original, que es autoría del gobernador que nos dio expresa instrucciones que se debata en toda la provincia, no es cierto que se pretendía aprobar de apuro en esta Cámara, sino que se lo envió para ser mejorado y enriquecido por sus auténticos destinatarios, que son los pequeños productores y los pueblos originarios que deben ser escuchados en sus lugares de origen”.
“Se habló –dijo- del derecho a la propiedad como el más supremo de los derechos, se observan algunas contradicciones que hablan del derecho a la propiedad por encima de la función social de la tierra, y aquí de lo que se trata es de las casi 500 mil -que son menos- hectáreas de remanente que quedan, se trata nada más ni nada menos de que les queda a las futuras generaciones, que va a pasar si en los próximos 4 o 5 años se vende toda la tierra pública, que va a pasar con esa gente que sin excepción acude al instituto de Colonización por un pedazo de tierra” consideró a modo de interrogante.
Capitanich también sostuvo que “lo que se hizo con la tierra pública 10 años atrás fue ‘vergonzante’, se enajenaba con intereses espurios, con la posibilidad cierta de entregarlas a manos de terceros como ha ocurrido”.
“Cual es el derecho de propiedad de los que vienen después que se entreguen las mucho menos de 500 mil hectáreas si el gobierno decide seguir vendiendo la tierra y que pasará con los pequeños productores que acuden al instituto para tener un pedazo de tierra, lo bueno hubiera sido que la Cámara convocara a jornadas para discutir sobre este tema 10 años atrás cuando teníamos más de 2 millones de hectáreas que podíamos preservar y entregarla a pequeños productores y que no pasara a manos de tierras como ocurrió, pero bienvenido que sea hoy”, consideró.
En ese sentido explicó que cambiar la venta por concesión es sacar la tierra del mercado inmobiliario, hoy la tierra es considerada una mercancía, también respondió que si el Estado se desprende de toda la tierra pública los productores no tendrán posibilidad de tener un pedazo de tierra y su valor trepará a niveles que harán imposible el acceso de los productores a la misma.
Branco Capitanich siguió respondiendo punto por punto a las objeciones formuladas por los expositores y consideró que lo importante que los productores tengan un pedazo de tierra para producir y vivir dignamente y además hizo hincapié en que los pueblos originarios se encuentran contemplados y sus derechos resguardados como lo establecen las normativas constitucionales, mencionando los puntos más salientes y afirmó que “este proyecto garantiza la tenencia de la tierra a estos pueblos”.
El funcionario respondió a las expresiones que hacían referencia a la cantidad de tierra vendida tiempo atrás que significaron además la reventa de un millón de hectáreas, que con los montos obtenidos se podrían haber construido 22 mil viviendas rurales, o comprar 5500 tractores.
Más allá de estas cuestiones enunciadas el titular de Colonización mencionó lo que sucede en otras provincias que no tienen en la actualidad tierra pública y que se traduce en la expulsión del campo de criollos que viven en Salta que vienen a la provincia por la enajenación de la tierra en grandes extensiones.
“La tierra no debe ser considerada solamente como una mercancía al alcance de los que más dinero tienen, este – remarcó – es el sentido dado al proyecto de ley que propone el Ejecutivo y que podrá ser mejorado, pero el Estado debe hacer realidad que la provincia promoverá la subdivisión en unidades económicas que garanticen la real producción”, agregando “casualmente la actual ley o habla de latifundios y hoy los numerosos intereses salen a la luz cuando hablamos de este tema que hoy ve que existen 158 propietarios que tienen mas de 4 mil hectáreas cada uno y entre ellos 1.350.000 hectáreas que es más del 20 por ciento de la superficie productiva rural del Chaco, mientras que 12.983 productores son propietarios de 1.820.000 hectáreas y 5600 tienen menos de 50 hectáreas cada uno, esta fue la manera en que se concentró la tierra en la provincia”.
Finalmente justificó la remisión de la iniciativa del Ejecutivo señalando “en nombre de lo que norma la Constitución es que se propone el control del Estado plasmado en el proyecto de ley que no agrede el derecho a la propiedad de los productores, pensemos más allá y veamos a las futuras generaciones de productores y trabajemos en la recuperación de tierras enajenadas ocupadas por usurpadores y recurramos a la justicia para que resuelva este y otros tantos temas”.
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