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Considerando el respeto por los derechos de los pueblos indígenas, en sus distintas dimensiones, como una cuestión de Estado el gobernador de la Provincia del Chaco, Jorge Milton Capitanich, remitió  a  la Cámara de Diputados el proyecto de ley 4372/10, que trata sobre la Educación Pública de Gestión Social Indígena con el objeto de que sea incorporado al proyecto de Ley de Educación Provincial (PL. 3559/09).
“El texto a incorporase, no solo responde a legítimas demandas de los Pueblos Indígenas de nuestra Provincia, sino que ha sido trabajado y enriquecidos por sus representantes” señala la nota enviada por el Poder Ejecutivo, y en esa línea precisa “en un contexto, del dialogo para el consenso y la concentración ha constituido también otro aprendizaje para la construcción de la coexistencia de los ciudadanos en nuestro Chaco, pluricultural y plurilingüe”.
“Formalizar la educación pública de gestión social indígena –agrega- postula la responsabilidad, tanto de las comunidades educativas indígenas como del Estado, de acuerdo con los criterios equitativos. Significa un compromiso ético y político con el concepto de “reparación histórica” que protege a pos pueblos indígenas. Concepto que supone la justicia reparativa, el deber de memoria y la acción positiva”.
Puntualmente el Gobernador pretende incorporar en el Título V de la ley de Ecuación que será tratada en extraordinaria el lunes 29 de noviembre, “La Educación Pública de Gestión Social” y para ello se incorporarían 14 artículos al proyecto en estudio que está radicado en la cartera Educativa.
Con esta incorporación quedará establecido que las escuelas con matrícula indígena se clasificarán en escuelas con alumnos indígenas, con población indígena y pública de gestión social indígena, conforme lo determine la reglamentación.
Paralelamente determinará que tendrán derecho a prestar servicios, los pueblos indígenas, Qom, Wichí y Moqoit, sus comunidades y organizaciones de acuerdo a los artículos 14 y 37 de la Constitución provincial, las instituciones sin fines de lucro, conforme a la normativa vigente con derechos y obligaciones.
Contarán con los derechos de crear, administrar, conducir y sostener establecimientos educativos; recibir financiamiento del Estado Nacional y Provincial y tendrán la obligación de cumplir con la normativa y los lineamientos de la política educativa de nivel nacional y provincial en abierta cooperación entre el Estado y los pueblos indígenas, ofreciendo servicios educativos de calidad que respondan a las necesidades de la comunidad, brindando la información necesaria para la supervisión pedagógica y el control contable y laboral por parte del Estado.

Esta propuesta se complementa con la creación de un Registro de Instituciones
Educativas y de un Fondo para atender a estos establecimientos

PROPICIAN REGULAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN SOCIAL

La diputada justicialista Wilma Molina es autora del proyecto de ley Nº 4403/10, a través del cual impulsa la regulación y el ordenamiento de la Educación de Gestión Social en todos los niveles y modalidades de la Educación formal y no formal.
La misma contempla el respeto a los criterios educativos nacionales, provinciales, las diversidades regionales y locales; articulando la educación formal y no formal, la formación general y la profesional, en el marco de la educación continua y permanente.
En tal sentido, Molina precisa que la educación de Gestión Social promueve en las personas el aprendizaje de capacidades, conocimientos, habilidades, destrezas, valores, saberes y actitudes relacionadas con desempeños educativos, sociales, culturales y comunitarios.
Por otra parte, sostiene que la educación de Gestión Social abarca, articula e integra los diversos tipos de instituciones y programas de educación para, de, desde y en la comunidad; que organizan sus propuestas educativas según capacidades, conocimientos y saberes socio-comunitarios.
Fija como autoridad de aplicación de la presente Ley y de su reglamentación, será el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Provincia, señalando además que la misma será atendida por: asociaciones, fundaciones, cooperativas, mutuales, asociaciones de padres, familias y las comunidades.
El texto propuesto fija fines, objetivos y propósitos, promueve el ordenamiento y regulación de la Educación de Gestión Social, de sus instituciones, sus funciones y características.
Agrega además lo relativo al servicio que esta modalidad educativa ofrecerá a la sociedad, las ofertas formativas que ofrece, la designación y selección del personal directivo, docente y no docente de estas instituciones, del gobierno y forma de administración de estas instituciones.

Registro Provincial de Instituciones de Educación de Gestión Social
Por iniciativa de la diputada Justicialista Wilma Molina, ingreso a la Legislatura Provincial el proyecto de ley 4400/10, a través del cual propone crear el Registro Provincial de Instituciones de Educación de Gestión Social, como instancia de inscripción obligatoria, información y base de datos de las instituciones educativas.
De aprobarse esta propuesta, la información del Registro Provincial de Instituciones de Educación de Gestión Social, permitirá al Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Provincia: a) diagnosticar necesidades, planificar y realizar mejoras aplicadas prioritariamente a las instituciones educativas que demanden mayor atención para su desarrollo, b) promover los criterios y parámetros de calidad en las instituciones de la Educación de Gestión Social y c) implementar programas de fortalecimiento institucional.

Creación del Fondo
Crearían el Fondo Provincial para la Educación de Gestión Social, que será financiado con un monto anual computado en forma adicional a los recursos que el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Provincia tiene asignado, como así de otras fuentes de financiamiento de origen nacional e internacional, a través del proyecto de ley 4399/10, si prospera la iniciativa parlamentaria de la diputada justicialista Wilma Molina.
La iniciativa, determina que es responsabilidad indelegable del estado asegurar el acceso a todas las ciudadanas y los ciudadanos a una Educación de Gestión Social de calidad. La inversión se atenderá con los recursos que determina el Presupuesto Provincial.
En ese sentido, el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Provincia fijará los parámetros para la distribución de los recursos asignados a las instituciones educativas de Gestión Social referidas a gastos de personal docente, no docente y directivos; mantenimiento de equipos, insumos operativos y condiciones edilicias.
FUENTE: Dirección de Prensa, Legialatura.
 

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